De la democracia pluralista a la monolista
La distinción entre gobierno y oposición es el fundamento de la democracia y del sistema político. La falta de oposición significa la eliminación del pluripartidismo y la distorsión de la democracia de partidos políticos. Además supone el despojo a la ciudadanía del derecho a controlar y fiscalizar los actos de gobierno, a proponer medidas correctivas y a la crítica constructiva. La ausencia de oposición genera las condiciones para que las formas democráticas del ejercicio del poder se abandonen y se extienda la corrupción.
La propuesta del gobernador Urtubey de generar un partido pan-colector de votos para la fórmula que él encabeza se erige en una acción que socava y pone en peligro el sistema democrático de la Provincia. Los partidos al adherir esta propuesta, desnaturalizan su función en el sistema político y contribuyen a erosionar el pluralismo, rasgo característico de la democracia contemporánea.
La emergencia de Olmedo y Romero como candidatos supuestamente “opositores” confirman el cuadro de situación descrito. Por razones de conveniencia y de disputas por los recursos estatales de sus referentes, el peronismo se fracciona, convirtiéndose en gobierno y oposición. Las denuncias de corrupción de los últimos días son un ejemplo de fracciones del propio justicialismo disputándose las posibilidades de acceder al poder. La discusión pública sobre las tierras de La Ciénaga dejó en evidencia que ni a una ni a otra fracción le interesa corregir los vicios de la política de viviendas, y menos aún asegurar viviendas dignas para los salteños.
El adelanto intempestivo e inconsulto de las fechas de elecciones por parte del gobernador da cuenta de su desapego por las formas democráticas y su falta de convicción para seguirlas. Comparte, de este modo, con el ejecutivo nacional un universo de prácticas y discursos alejado de las formas republicanas y democráticas, más allá que el oportunismo y la ambición y las presiones de sus socios lo lleven a oscilar entre mostrarse kirchnerista o no.
La Unión Cívica Radical no puede renunciar a propia naturaleza y a los objetivos por los que ha sido creada. Hoy, al igual que a otros partidos de la oposición, tiene como misión histórica impedir el socavamiento gradual y progresivo de las instituciones democráticas de la Provincia y asegurar a los ciudadanos la posibilidad real de una alternativa al poder, como así también el control y fiscalización de los actos de gobierno.
Un poco de historia
La democracia tal como la conocemos hoy es la resultante de profundas luchas y conquistas sociales. Los radicales conocemos de ello suficiente. La ampliación de la ciudanía política y el fin del fraude electoral con la ley Sáenz Peña es la respuesta del régimen oligárquico a las demandas de la UCR. Hasta 1912, año en que fue sancionada la ley, el radicalismo había protagonizado dos revoluciones contra el régimen y se había abstenido de participar electoralmente por casi una década. Yrigoyen era claro, reclamaba a Saénz Peña, la Unión Cívica Radical no busca ministerios. Únicamente pide garantías para votar libremente. Las garantías se lograron y la resultante fue el voto secreto, obligatorio y universal masculino.
Esta conquista histórica de la ciudadanía argentina pudo ser porque el radicalismo se posicionó en la oposición al régimen. Yrigoyen expresó con claridad, que no era posible reparar con los mismos hombres y factores que conducían el país, el régimen oligárquico era la razón de ser de la Unión Cívica Radical.
Documento de discusión presentado el lunes 1º de noviembre ante una reunión autoconvocada frente a las declaraciones realizadas por el presidente del partido Carlos Miguel Posadas de formar un frente con el gobernador justicialista Juan Manuel Urtubey.
