Cuando Arturo Illia presidió la República, entre el 12 de octubre de 1963 y 26 de junio de 1966, una gran parte del mundo actual no existía. El hombre no había dado sus primeros pasos por la luna y aunque los primeros satélites ya orbitaban alrededor de la tierra, eran desconocidas las computadoras personales, internet y el canal por cable.
La realidad Argentina de aquellos años también distaba mucho de nuestra actualidad. Un país con proyectos y futuro se avistaba bajo las diferentes políticas desplegadas. Después de Illia, ningún gobierno argentino dio tanta importancia a la educación. En su corta gestión el presupuesto educativo casi se duplicó. Si en el año 1963 el 12% de los recursos del Estado eran destinados al área, dos años después se habían asignado a educación el 23%. El impulso de la Argentina, Atenas del Plata, no se detenía y Argentina era reconocida en Latinoamérica por los excelentes indicadores en materia educativa.
Se delineó una política energética a largo plazo. El recurso petrolero era considerado estratégico para el desarrollo del país. Apenas asumió anuló los contratos firmados por Frondizi por presentar vicios de ilegitimidad y por ser dañosos a los intereses de la Nación.
La democracia social estaba en marcha. La redistribución no formaba parte del discurso, sino de la realidad de las políticas de gobierno. Arturo Oñativia, nuestro querido y admirado correligionario, impulsaba desde su ministerio la ley 16.462, conocida hoy como Ley Oñativia. Por ella se controlaba la fabricación y se congelaban los precios de los medicamentos. Los intereses que esta política tocó fueron tales, que algunos historiadores aducen esta cuestión como causa del derrocamiento.
Durante el gobierno de Illia se establece a través de la ley 16.459 de 1964 el salario mínimo, vital y móvil para “evitar la explotación de los trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de mano de obra", "asegurar un ingreso mínimo adecuado" y "mejorar los salarios de los trabajadores más pobres". Esta legislación, necesaria para una Argentina de pleno empleo pero con profundas desigualdades sociales y regionales fue acompañada por la ley de abastecimiento y la fijación de montos mínimos para las jubilaciones y pensiones.
Sin embargo, las diferencias no ocultan algunas semejanzas. La Argentina de 1960 estaba profundamente dividida. El peronismo está proscripto y no participa de las elecciones. 8.596.787 sufragaron aquel 7 de julio de 1963. Illia recibió el 25 % de los votos, dos millones y medios de votos. Un millón ochocientos mil fueron en blanco y número un poco menor apoyaban a la UCRI. El resto se distribuía entre diferentes partidos.
El primer acto de gobierno de Illia fue eliminar las restricciones que pesaban sobre el peronismo desde 1956. También la prohibición sobre el partido comunista fue levantada y los tradicionales actos plebiscitarios del justicialismo volvieron a ocupar los espacios públicos. En el proyecto de país que se proponía el consenso, el disenso y el diálogo eran lugares comunes.
Illia murió pobre, pero su gestión de gobierno es una muestra rica de la fuerza de futuro que tienen consigo los gobiernos radicales. Hoy lo recordamos, con la firme convicción que la Argentina recuperará un rumbo de justicia, equidad, democracia y bienestar para sus ciudadanos y los hijos de sus hijos.
